Por qué la diputada Victoria Rosell debe dimitir

Hace años que vengo sosteniendo que la idea de inhabilitar a lxs politicxs mecánicamente por el hecho de estar imputadxs es un error por cuatro razones:

En primer lugar porque supone delegar en  la judicatura un juicio ético que corresponde a toda la ciudadanía; en segundo lugar, y ligado con lo anterior porque ayuda a eludir las responsabilidades políticas derivadas de  todas aquellas corruptelas e inmoralidades que no tengan una sanción penal; en tercer lugar, porque hay posibles  delitos que es muy dudoso que deban tener una sanción política (por ejemplo las ocupaciones de tierras llevadas a cabo por el SAT) y, en cuarto lugar, porque favorece la interposición de denuncias oportunistas a las puertas de unas elecciones que, a poco que tengan verosimilitud, exigen la imputación por parte del juez e  inhabilitan al candidatx para, poco después, quedar en nada (1)

Dicho esto, y partiendo de la base que el juicio político ha de tener una base ética y no juridico, también me parece evidente que, cuando no se trate de hechos similares a las ocupaciones simbólicas de tierras y  el juez o tribunal mantenga  la  imputación inicial después de haber procedido a la recogida de los primeros testimonios y pruebas (es decir, cuando se haya descartado la posibilidad de que se trate de una denuncia inconsistente u oportunista), es obligada la dimisión para no arrastrar al partido y a la institución a la que se pertenece en el periplo judicial del afectadx.

Este es el caso, clarísimamente, de la diputada canaria de Podemos , Victoria Rosell, que – examinadas las pruebas y testimonios fundamentales por el Tribunal Supremo – continúa imputada por prevaricación. Siguiendo  el razonamiento que acabo de exponer, la Sra. Rosell debería dimitir desde ya y también debería hacerlo, , con mucho mayor motivo, siguiendo el código ético de Podemos que establece, sin más matices, que la imputación por temas de corrupción debe acarrear necesariamente la dimisión

Su negativa a dimitir es decepcionante y lo es aún más el arrope recibido por Podemos, porque es mucho mejor no tener código ético que tener otro convertido en papel mojado y subordinado a lo que se considere, en cada momento, más favorable para el partido

PS: Espero que nadie tenga el mal gusto de recriminarme este escrito porque sea políticamente incorrecto en el marco de las negociaciones de IU con Podemos para una posible convergencia.   La exigencia ética es realmente creíble cuando te perjudica políticamente; si la cosa sólo va de atacar a tus adversarios y de defender a los tuyos no es ética: es la basura de siempre

(1) Los franceses tienen el tema resuelto con la distinción entre “témoin assisté” – (testigo asistido), condición del denunciado en la fase inicial del procedimiento, y “mis en examen” (investigado), condición del denunciado que lo sigue siendo en una fase más madura del mismo. En esta distinción se ha basado el PP para su reforma en la que distingue entre investigado e imputado, pero lo ha hecho de forma tan pésima que, por razones que sería largo explicar,  no resuelve absolutamente nada

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